Lo realmente preocupante es que nuestros representantes políticos no acaban de asumir la responsabilidad que les pueda corresponder por este retroceso en la participación. Y, por supuesto, no se está adoptando ninguna medida para remediar una situación que no deja de ser un fracaso de todo el sistema político democrático. Parece como si los ciudadanos dieran la espalda a un sistema que cada vez se aparta más de sus problemas materiales (vivienda, empleo, educación, sanidad, etc). y que deja en manos de los mercados la solución a las demandas de las personas, con los resultados que estamos viendo.

Al mismo tiempo, distintas normas básicas del Estado reconocen al ciudadano el derecho a participar en la vida política y social, más allá del derecho a votar cada cuatro años. Es decir, reconocen otra fase más comprometida en lo que se ha dado en llamar democracia directa, que no se opone a la democracia representativa, sino que la complementa, la enriquece y, finalmente, la legitima. Así, la Constitución española encomienda a los poderes públicos facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política y social, y les reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes. Además, reserva las decisiones políticas de especial trascendencia a su sometimiento a referéndum consultivo. Pero lo cierto es que en España se le tiene “miedo” a la consulta popular, ya que en muy contadas ocasiones se convoca.

El propio Estatuto de Autonomía de Aragón encomienda también a los poderes públicos aragoneses promover la participación social, así como la participación individual y colectiva en los ámbitos cívico, político, cultural y económico. También los ayuntamientos, como el de Zaragoza, tienen normas para fomentar la participación de los vecinos en los asuntos locales, y figuras de participación directa como la encuesta ciudadana, la audiencia pública, la iniciativa ciudadana o la consulta popular. Igualmente, se crearon las Juntas de Distrito y Vecinales como órganos desconcentrados de gestión municipal y de participación. Últimamente se ha creado el Consejo de la Ciudad como órgano consultivo con participación de las principales organizaciones sociales y económicas de la ciudad.

Pero lo cierto es que ninguna de las normas referidas están permitiendo una participación real de los ciudadanos en la vida pública, más allá de acudir a las urnas cada cuatro años.

No sabemos si servirá para algo, pero comunidades autónomas como la valenciana en 2008 y recientemente la canaria han aprobado sendas leyes de fomento de la participación ciudadana. En ellas se hace especial hincapié en la información sobre todo lo relacionado con la administración pública como medio de garantizar una verdadera participación. Se regulan la audiencia pública, el derecho de propuestas de interés público, de colaboración en la realización de actividades ciudadanas o la consulta ciudadana. Se crean los Foros de Consulta, los Paneles Ciudadanos, los Jurados Ciudadanos y, finalmente, se fomenta el asociacionismo, el voluntariado y la formación. En definitiva, una serie de instrumentos para profundizar en la democracia directa que, como venimos diciendo desde el Movimiento Vecinal, es la mejor forma de garantizar una auténtica democracia.

De la misma manera que la ciudad de Zaragoza fue pionera en regular y fomentar la participación ciudadana, el Gobierno de Aragón debería (quizá ya en la próxima legislatura) seguir el ejemplo de Valencia y Canarias y plantearse la elaboración de una norma de fomento de la participación para todo el territorio aragonés.

Félix Moreno Martínez. Presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

(Artículo publicado en El Periódico de Aragón el 24-7-2010)