Hobbes en su libro Leviatán plantea que el hombre se somete al poder del Estado, renunciando a su libertad individual obligado por la necesidad de obtener paz y seguridad de forma colectiva. En cambio para Rousseau el hombre somete libremente su voluntad a la voluntad general a cambio de mayores beneficios sociales que materializa a través de un “contrato social”. Es decir, ya sea de forma obligada o de forma voluntaria el ciudadano se somete a las normas del Estado a cambio de obtener beneficios individuales.

Las actuales democracias liberales basan su pacto de convivencia en la elaboración de un documento básico regulador de las normas de funcionamiento y que recibe el nombre de Constitución, así la española de 1.978. Forma de gobierno, organización territorial del estado, derechos y deberes fundamentales de las personas, etc., forman parte de las constituciones, que para que resuelvan la convivencia de forma estable requieren de una amplia aceptación y hasta de una cierta generalidad en su redacción para permitir su acomodación a la realidad de cada momento sin necesidad de recurrentes modificaciones cada poco tiempo.

Por tanto, podemos afirmar que las actuales democracias garantizan formalmente los derechos individuales y colectivos de las personas y la imparcialidad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley. No obstante, venimos observando que muchos ciudadanos además de desdeñar los instrumentos de participación política, desde la participación electoral a la participación directa en asociaciones, partidos, sindicatos y otros órganos institucionales, muestran una general apatía hacia todo lo que se refiere a los intereses de la colectividad y hasta al ejercicio de los derechos que les son reconocidos por la Constitución.

Lo cierto es que una democracia que reconozca derechos básicos para la persona, como el trabajo, la vivienda o una renta básica de subsistencia pero no los garantice a través de los servicios públicos es una democracia formal pero no real. Nadie puede reclamar en el juzgado que se le reconozca el derecho constitucional a una vivienda digna o a un trabajo, aunque literalmente tenga derecho a ello.

Aunque lo grave no es solamente esto, que de por sí tiene su trascendencia para la vida de las personas, lo realmente importante es que este déficit influye en el ejercicio del resto de los derechos constitucionales: como el de libertad de expresión, de reunión, de asociación, de manifestación, de huelga, etc. Esta democracia en que vivimos se convierte en una democracia temerosa porque los ciudadanos viven atemorizados en su vida cotidiana por el miedo a quedarse sin trabajo, a no poder pagar la hipoteca y quedarse sin vivienda o, incluso, a no poder tener garantizados los recursos básicos para vivir.

Y este temor supone que haya ciudadanos que no expresen públicamente lo que piensan o que no participen en la asociación de su barrio o en el partido político con el que se identifican por miedo a perder su puesto de trabajo; o que no ejerzan su derecho de huelga porque no pueden soportar el coste económico que implica.

Si queremos que el ciudadano participe de forma plena en la sociedad actual y pueda ejercer sus derechos individuales y colectivos, los poderes públicos deben garantizar a todos la efectividad real de los mismos y no solo de manera formal.

Félix Moreno Martínez. Presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

(Artículo publicado en El Heraldo de Aragón el 19-8-2010)